Versión revisada y ampliada del artículo original publicado en el Diario del Otún, octubre de 2002.
Hubo un momento, hace más de quinientos años, en que todo cambió para los pueblos que habitaban estas tierras. No fue gradual. Fue una ruptura. Los barcos llegaron y con ellos llegó una lógica que no entendía —o simplemente no quería entender— que aquí ya había civilización, ya había pensamiento, ya había historia. La Conquista no fue solo conquista. Fue la destrucción sistemática de un mundo completo.
Pero de eso hay mucho escrito. Lo que menos se analiza es lo que vino después.
Siglos de invisibilidad dentro del propio Estado que decía representar a todos. Siglos en que los indígenas existieron sin existir para las leyes colombianas. Se abolió la esclavitud, se proclamaron libertades, se redactaron constituciones. Y ellos, ahí. Esperando. Afuera de todo.
La Constitución de 1991 cambió algo, y hay que decirlo sin rodeos.[1] Por primera vez, el Estado reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho: territorios propios, justicia propia, representación política. No fue un favor. Era lo mínimo que se debía después de tres siglos de exclusión. Fue un hito real. Negarlo sería injusto.
El problema es lo que vino después —o más bien, lo que no vino.
El reconocimiento constitucional no llegó acompañado de presencia estatal en los territorios, ni de protección efectiva. Lo que sí llegó fue la guerra. Guerrillas, por un lado. Paramilitares por el otro. Intereses económicos de empresas y terratenientes disputando los mismos territorios que la Constitución decía proteger. El Estado brilló por su ausencia, excepto cuando convenía aparecer. Y los indígenas, en el medio. Siempre en el medio.
Eso tiene un nombre: carne de cañón.
No solo en sentido literal, aunque también en ese. Sino en sentido político. Porque lo que ha ocurrido con líderes como Aida Quilcué[2] no es un accidente ni una excepción: es un patrón. Se los visibiliza cuando sirven de imagen, cuando dan votos, cuando llenan discursos de diversidad e inclusión. Se les dan escaños, micrófonos, portadas. Y después, silencio. Amenazas. Persecución. La misma historia de siempre, con distintos protagonistas.
Francia Márquez y el Movimiento Cimarrón[3] pusieron sobre la mesa algo que incomoda: no basta con sentarse en una silla del gobierno para cambiar la realidad de tu comunidad. El sistema tiene una capacidad asombrosa para absorber líderes y domesticar causas. No siempre funciona así. Pero el riesgo está. Y las comunidades históricamente marginadas lo saben mejor que nadie.
Pero hay algo que tampoco se puede callar, aunque incomode decirlo.
Los movimientos indígenas, en muchos casos, tampoco han estado a la altura. No todos. Pero sí demasiados. Los gobernadores de los cabildos —que deberían ser la voz y el escudo de sus comunidades— terminaron, con frecuencia, acomodándose. Aprendieron el lenguaje del Estado, aprendieron a gestionar transferencias,[4] aprendieron a negociar cuotas y cupos presupuestales. Y en ese proceso algo se fue perdiendo: la vocación de lucha, la capacidad de indignar a la gente propia, la autoridad moral para exigir.
Las dádivas del gobierno llegaron. Y con ellas llegó también la dependencia.
Hay cabildos que reciben recursos año tras año y no pueden mostrar un acueducto funcionando, una escuela digna, un programa real de protección territorial. Hay gobernadores que saben perfectamente cómo moverse por los pasillos del Ministerio del Interior, pero no saben —o no quieren— cómo movilizar a su propia gente para exigir lo que les corresponde. Eso no es reivindicación. Es administración del conformismo.
Y no es un juicio moral fácil. La presión sobre esos líderes es brutal, las amenazas son reales, las opciones a veces son pocas. Pero la inercia también es real. Y nombrarla hace parte del diagnóstico honesto. Un movimiento que no se cuestiona a sí mismo no puede exigirle nada al Estado.
Hay algo más profundo aquí, y merece ser dicho.
La identidad indígena no es estática. Nunca lo fue. Desde la Colonia hasta hoy esa identidad se ha ido transformando, fracturando, rehaciendo. La mezcla cultural no fue un proceso limpio ni consensuado: fue impuesta, muchas veces a la fuerza, y lo que resultó de ahí es lo que somos. Una región que no termina de entenderse a sí misma. Que lleva en el cuerpo memorias contradictorias.
El pensamiento latinoamericano —ese que pudo haber sido una filosofía propia, un sistema de valores construido desde adentro, desde la tierra, desde la lengua— fue cediendo terreno. Primero ante la Corona. Después ante las repúblicas criollas que se declararon independientes, pero mantuvieron las mismas jerarquías. Hoy ante una globalización que no pregunta si quieres entrar o no. Esa identidad de pueblo, esa conciencia colectiva que existía antes de que llegaran los barcos, se fue diluyendo. No desapareció del todo —los pueblos indígenas son la prueba— pero quedó herida, fragmentada, reducida con demasiada frecuencia a folklor o a capital electoral.
Y sin embargo. Resisten.
Contra todo pronóstico histórico, hay comunidades que han logrado mantener sus lenguas, sus sistemas de gobierno, su manera de entender el territorio. No como piezas de museo. Como realidades vivas. Eso merece respeto genuino, no lástima. Pero el abandono del Estado continúa,[5] documentado, verificable y escandaloso. Cada vez que cae un líder cae también una parte de ese conocimiento acumulado durante siglos que no está escrito en ningún libro, que no tiene copia de seguridad en ningún servidor.
¿Qué queda por decir, entonces?
Que la Constitución del 91 fue un comienzo, no una solución. Que el reconocimiento de derechos sin garantías de protección es una promesa rota antes de ser cumplida. Que usar a los indígenas como capital político —su imagen, su voto, su causa, su dolor— sin comprometerse con su supervivencia real es una forma de colonialismo que ha cambiado de ropaje, pero no de lógica.
Y que la deuda es doble: del Estado con sus pueblos originarios, y de los propios líderes indígenas con sus comunidades. Mientras ninguna de las dos se salde de verdad, seguiremos siendo un país que celebra su diversidad en el discurso y la abandona en la vida. La contradicción lleva más de dos siglos ahí, esperando. No en el papel. En la tierra.
[1]La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce los derechos de los pueblos indígenas en sus artículos 7, 63, 246, 329 y 330, entre otros, incluyendo la autonomía territorial, la jurisdicción especial indígena y el reconocimiento de sus lenguas como oficiales en sus territorios.
[2]Aida Quilcué, lideresa del pueblo Nasa y exdirectora del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue senadora de la República.
[3]Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia desde 2022, fue una de las figuras más visibles del Movimiento Cimarrón, organización fundada en 1982 para la defensa de derechos afrodescendientes.
[4]El Sistema General de Participaciones (SGP), regulado por la Ley 715 de 2001, destina recursos anuales a los resguardos indígenas para inversión en salud, educación y servicios básicos.
[5]Según Global Witness (2024), Colombia registra el mayor número de asesinatos de defensores ambientales y territoriales del mundo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documenta decenas de homicidios de líderes sociales por año, siendo los pueblos indígenas y afrocolombianos los más afectados.