La población civil ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del conflicto armado que azota nuestro país.”
Introducción
En Colombia, la guerra no ha sido únicamente un enfrentamiento entre ejércitos. Ha sido también una forma de organizar el poder, de controlar los territorios, de imponer silencios y de transformar la vida cotidiana de millones de personas. La población civil, aunque con frecuencia aparece presentada como víctima pasiva, ha ocupado un lugar decisivo en el desarrollo, la prolongación y la transformación del conflicto armado.
Desde que escribí estas reflexiones en 2003, el país ha atravesado importantes cambios políticos, sociales y culturales. La desmovilización parcial de estructuras paramilitares, la persistencia y transformación de organizaciones guerrilleras, la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las FARC-EP en 2016, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han modificado la manera de comprender la violencia y sus consecuencias. Los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP concluyeron en 2016 con la firma del Acuerdo Final, cuyo centro jurídico y ético fueron los derechos de las víctimas, la verdad, la reparación y la no repetición.
Sin embargo, la firma de un acuerdo no significa que la guerra haya desaparecido de la sociedad. En diversas regiones continúan actuando grupos armados, economías ilegales y redes de poder que disputan el control territorial, los recursos naturales, las rutas del narcotráfico y la vida de las comunidades. Por ello, la cultura de la guerra no puede entenderse solamente como la existencia de armas. Es, sobre todo, la normalización de la violencia como método para resolver conflictos y ejercer autoridad.
La guerra como cultura
Toda sociedad construye hábitos, símbolos, discursos y prácticas que terminan pareciendo naturales. Algunas costumbres se convierten en normas; ciertas normas se transforman en instituciones; y determinadas formas de dominación llegan a confundirse con el orden social. En este sentido, la cultura de la guerra aparece cuando la violencia deja de ser una excepción y comienza a incorporarse al lenguaje cotidiano, a la política, a la economía, a la educación y a las relaciones comunitarias.
La guerra modifica la manera en que los seres humanos se relacionan. Enseña a desconfiar, a obedecer por miedo, a callar ante la injusticia y a reconocer como autoridad a quien posee mayor capacidad de destrucción. En los territorios controlados por actores armados, la vida comunitaria queda sometida a normas impuestas, restricciones de movilidad, amenazas, reclutamiento, desplazamientos, desapariciones, asesinatos selectivos y diversas formas de violencia de género.
La violencia no provino de un único actor ni puede explicarse mediante una sola causa. Las guerrillas cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario; los grupos paramilitares desarrollaron estrategias de terror y control social; agentes estatales participaron, toleraron o facilitaron violaciones de derechos humanos; y las economías del narcotráfico fortalecieron las estructuras armadas y corrompieron instituciones. La Comisión de la Verdad estudió precisamente la articulación entre violencia política, insurgencias, paramilitarismo, narcotráfico e impunidad.
Por esta razón, hablar de la cultura de la guerra exige superar las explicaciones simplistas. No basta con nombrar a los combatientes. Es necesario examinar los intereses económicos, las decisiones políticas, las complicidades institucionales y las formas de aceptación social que permitieron que la violencia se reprodujera durante décadas.
La población civil y el poder
La población civil ha sido la principal destinataria del terror, pero también el escenario donde se ha disputado el poder. Campesinos, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, mujeres, niños, líderes sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes y trabajadores han padecido el desplazamiento, la desaparición forzada, las masacres, el confinamiento, el despojo de tierras y la destrucción de sus proyectos de vida.
Las víctimas no son únicamente cifras. Cada persona afectada representa una historia interrumpida, una familia fragmentada, una comunidad expulsada y una memoria que busca reconocimiento. El Registro Único de Víctimas ha documentado a millones de personas afectadas por el conflicto armado; sus cifras son dinámicas y se actualizan mediante procesos de inclusión, depuración y verificación.
La guerra también ha producido una particular inversión moral. En muchas ocasiones, quien denuncia la violencia es señalado como enemigo; quien exige justicia es acusado de alterar el orden; y quien defiende la vida es presentado como obstáculo para los intereses de quienes controlan el territorio. De esta manera, la víctima termina siendo interrogada, mientras el victimario intenta aparecer como autoridad, salvador o representante del orden.
El poder de las armas no se limita a matar. También administra el miedo, determina quién puede circular, quién puede hablar, quién puede organizarse y quién debe abandonar su territorio. El control armado busca gobernar la conciencia y convertir la obediencia en una costumbre. Allí comienza la dimensión cultural de la guerra.
Medios de comunicación y construcción de la realidad
Los medios de comunicación poseen una capacidad extraordinaria para informar, sensibilizar y movilizar a la sociedad. No obstante, también pueden convertir el sufrimiento en espectáculo. Las imágenes de mutilaciones, asesinatos, desplazamientos y combates, cuando se presentan sin contexto ni respeto por las víctimas, pueden producir una familiaridad peligrosa con el dolor.
Una cosa es narrar oralmente una experiencia; otra es transmitirla por televisión; y otra, muy distinta, es convertirla en una secuencia fugaz para las redes sociales. Cada medio construye una determinada relación con la realidad. En ocasiones, la velocidad de la información sustituye la comprensión, y la repetición de la violencia termina anestesiando la sensibilidad colectiva.
La tarea mitificadora de los medios aparece cuando la realidad se reduce a fórmulas prefabricadas: la guerra como espectáculo, la seguridad como obediencia, la paz como silencio, la justicia como venganza y la libertad como adhesión a una única forma de pensar. Así, puede llegar a presentarse la mentira como verdad, la impunidad como justicia y el unanimismo como libertad.
En la actualidad, este fenómeno se intensifica mediante las redes digitales, los discursos polarizantes y la circulación de información falsa. El ciudadano puede convertirse en consumidor permanente de imágenes de violencia, sin disponer del tiempo, la formación o las condiciones necesarias para analizar críticamente lo que observa. La comunicación, entonces, deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un instrumento de manipulación política y emocional.
De la cultura de la muerte a la cultura de la vida
Los crímenes de lesa humanidad imponen un poder de hecho que, en el lenguaje pastoral de la Iglesia, ha sido denominado cultura de la muerte. Esta expresión conserva vigencia cuando se utiliza para describir una sociedad en la que la vida humana pierde valor frente al dinero, la ideología, la venganza, el territorio o la razón de Estado.
Pero la cultura de la muerte no se expresa solamente en los asesinatos. También aparece en la indiferencia, en la corrupción, en el racismo, en la exclusión, en la pobreza extrema, en la destrucción ambiental y en la deshumanización del adversario. Allí donde una persona es reducida a una amenaza, un obstáculo o una cifra, se prepara el terreno para su eliminación simbólica o material.
El ser humano se acostumbra con facilidad a que le pisoteen sus valores: la verdad, la justicia, la libertad, la belleza, la fraternidad y la solidaridad. La costumbre de la injusticia es una de las victorias más profundas de la guerra, porque transforma el horror en paisaje y el dolor en rutina.
Por eso, la paz no puede limitarse a la ausencia de combates. Una sociedad pacificada debe garantizar condiciones de dignidad, participación democrática, protección de las comunidades y reconocimiento de las víctimas. La paz exige que nadie tenga que escoger entre obedecer, desplazarse o morir.
Memoria, verdad y no repetición
La lucha contra la impunidad debe trascender el marco estrictamente judicial, investigativo y punitivo. La justicia es indispensable, pero no suficiente. Una sociedad herida necesita conocer lo ocurrido, reconocer responsabilidades, dignificar a las víctimas y transformar las condiciones que permitieron la repetición de la violencia.
La Comisión de la Verdad señaló la impunidad como uno de los factores que han permitido la persistencia del conflicto. Su trabajo vinculó el esclarecimiento histórico con la convivencia, la democracia, la paz territorial y la no repetición. Esto implica comprender que la memoria no es un ejercicio de nostalgia, sino una responsabilidad política frente al presente.
Recordar no significa quedar atrapados en el pasado. Recordar significa impedir que los muertos sean nuevamente utilizados por los discursos de odio; significa devolverles un nombre, una historia y una dignidad; significa reconocer que las víctimas no heredaron la violencia como destino inevitable.
La verdad tampoco puede reducirse a una versión oficial. Debe construirse mediante la escucha de las comunidades, el testimonio de las víctimas, la investigación rigurosa y el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas. Una democracia madura no teme a la verdad: la necesita para corregir sus instituciones y fortalecer la confianza pública.
Reconstruir el tejido social
La guerra destruye mucho más que vidas humanas. Destruye la confianza, las organizaciones comunitarias, los proyectos colectivos, las prácticas culturales y las formas de solidaridad. Por ello, la reconstrucción del tejido social debe ocupar un lugar central en cualquier proyecto de paz.
Reconstruir significa recuperar la posibilidad de reunirse sin miedo, organizarse sin ser estigmatizado, participar en la vida pública y defender los derechos sin quedar expuesto a la amenaza. Significa también garantizar la educación, la salud, el acceso a la tierra, la protección de los líderes sociales y la presencia efectiva de instituciones legítimas en los territorios.
La recomposición del movimiento popular no consiste en repetir mecánicamente las formas organizativas del pasado. Requiere crear nuevas maneras de participación, deliberación y acción colectiva. Las comunidades deben ser reconocidas como sujetos políticos y no únicamente como beneficiarias de programas estatales.
La paz territorial será incompleta mientras persistan el abandono institucional, la desigualdad, el racismo, la concentración de la tierra y las economías que se alimentan de la muerte. La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía y de los derechos humanos, no de intereses particulares ni de poderes armados legales o ilegales.
Conclusión
Desde 2003 hasta el presente, Colombia ha cambiado sus instituciones, sus discursos y sus mecanismos de comprensión del conflicto. Sin embargo, todavía enfrenta la tarea de transformar una cultura en la que la violencia ha sido utilizada para resolver disputas políticas, controlar territorios, proteger privilegios y silenciar demandas sociales.
La cultura de la guerra no desaparecerá únicamente mediante acuerdos, operaciones militares o reformas jurídicas. Será necesario transformar las ideas que justifican la eliminación del otro, la indiferencia ante el sufrimiento y la aceptación de la injusticia como destino. La paz requiere una revolución ética de la mirada: reconocer al adversario como ser humano, escuchar a las víctimas y comprender que ningún proyecto político puede legitimarse mediante el terror.
No se puede sepultar la luz ni sepultar a un pueblo que busca la libertad. Pero la libertad no consiste en pensar colectivamente por imposición, sino en participar en una sociedad plural donde sea posible disentir sin ser perseguido. La justicia no es venganza; la memoria no es odio; la paz no es silencio.
Colombia tendrá que decidir si continúa heredando la violencia o si, por el contrario, se atreve a construir una cultura de la vida, de la verdad, de la justicia, de la libertad y de la solidaridad. La responsabilidad de esa transformación no corresponde únicamente al Estado. También pertenece a las comunidades, a las instituciones educativas, a los medios de comunicación, a las iglesias, a las organizaciones sociales y a cada ciudadano que se niegue a aceptar la muerte como una forma normal de convivencia.
“La cultura de la guerra no terminó; se transformó en una cultura de control territorial, fragmentación armada, economías ilegales y normalización de la violencia”